La provincia canadiense de Alberta, una de las diez del país y también una de las más prósperas, vive un nuevo repunte del separatismo en medio de cuestionamientos al gobierno federal por el aprovechamiento de sus riquezas y por decisiones que, según sus impulsores, reducen los beneficios que recibe la región. La disputa gira sobre todo en torno al petróleo, el gas y el atractivo turístico de sus parques nacionales, mientras sectores conservadores sostienen que Ottawa se queda con gran parte de esos recursos y deja a Alberta con menos de lo que aporta.
Ese separatismo, que además incluye posiciones favorables a una eventual anexión a Estados Unidos, aparece ahora con un grado de organización mayor que en etapas anteriores. Sus promotores esgrimen el desbalance fiscal, el exceso de control federal sobre el desarrollo energético, la escasa representación política del Oeste frente al peso de Ontario y Quebec, y la demanda de control total sobre los recursos naturales. Todo ello ha reforzado una lectura de desgaste institucional y de distancia entre las prioridades locales y las decisiones del poder central.
Aunque el apoyo se mueve entre el 20 % y el 30 % y por ahora no bastaría para ganar una consulta, su avance se interpreta como una señal de alerta ante un malestar político que sigue sin resolverse. A eso se suma que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos forma parte del escenario internacional que alienta a un movimiento cuya influencia continúa en ascenso.
