El Ministerio de Educación ordenó prohibir el uso de celulares en las aulas de escuelas públicas y centros educativos privados, una decisión planteada como parte de su función reguladora del sistema educativo. La medida, defendida en el texto original como correcta y conveniente, pone ahora el acento en la capacidad de la gestión para convertir la disposición en mejoras reales dentro de las aulas y no dejarla únicamente en el plano normativo.
El contenido de la pieza reconoce que la prohibición ya venía siendo reclamada públicamente desde hace casi un año. Además, recuerda que en septiembre de 2025 se había planteado la necesidad de adoptar una decisión similar, al señalar que más de 90 países habían avanzado en esa dirección por los efectos del uso de pantallas en niños y niñas. Ese antecedente deja en evidencia el contraste entre el reconocimiento del problema y el tiempo que tomó actuar.
Según el texto, a principios de 2026 también hubo una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps para insistir en que República Dominicana debía asumir esa decisión. Con la ordenanza ya emitida, el debate pasa de la felicitación a la rendición de cuentas: cómo se aplicará la prohibición, qué seguimiento tendrá dentro del sistema educativo y si la medida vendrá acompañada de resultados verificables en la calidad de la enseñanza.