La elevada cantidad de muertes vinculadas al uso de motocicletas vuelve a poner en tela de juicio la capacidad del Estado para controlar el tránsito y resguardar a la población. Si, como se afirma, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está relacionado con este medio de transporte, la permanencia de correctivos débiles solo prolongaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
De ahí que gane fuerza la propuesta de suspender por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, planteada como una salida extrema ante la falta de respuestas eficaces. La idea se apoya en un escenario descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin recurrir a una decisión tan radical, el debate deja al descubierto la ausencia de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también señala la debilidad institucional de la Digesett, presentada como incapaz de responder con sus actuales potestades, cantidad de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.