Tras más de tres años de investigación, el proceso por presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios alcanzó una nueva fase con una decisión que deja un balance mixto para la justicia: 35 de los 40 acusados serán enviados a juicio de fondo, mientras que cinco quedaron excluidos por insuficiencia probatoria en la etapa preliminar.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entendió que existen elementos suficientes para que un tribunal determine la responsabilidad penal de la mayoría de los imputados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y otras personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente. Al mismo tiempo, dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados, al concluir que las pruebas aportadas no eran suficientes para enviarlos a juicio.
La decisión, asumida por ambas partes como una victoria parcial, también abre interrogantes sobre la solidez de una de las acusaciones más ambiciosas del Ministerio Público. Más allá de la disputa entre defensas y acusación, la apertura a juicio no supone una condena, pero sí somete a mayor escrutinio un expediente de alto impacto público en el que la ciudadanía sigue a la espera de resultados concluyentes y de respuestas claras sobre el alcance real de las responsabilidades imputadas.