La devolución del visado estadounidense a Gonzalo Castillo volvió a alterar el panorama político y judicial dominicano a escasos días de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional determine si el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será enviado a juicio de fondo por el caso Calamar. El propio Castillo informó que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó su visa por 10 años y presentó la medida como una reafirmación de los principios de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales.
La comunicación llega en vísperas de la decisión que debe emitir este viernes 29 de mayo, a las 3:00 de la tarde, la jueza Altagracia Ramírez, sobre si Castillo, junto a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, enfrentará o no un juicio de fondo por presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado. La coincidencia de ambos hechos vuelve a centrar la atención sobre un expediente de alto perfil y sobre la necesidad de que la respuesta institucional se sostenga en pruebas, garantías y transparencia, más allá del ruido político.
En un escenario de alta tensión, la restitución de la visa no ha sido interpretada como un simple trámite consular, sino como un hecho con efecto político para un dirigente que fue candidato presidencial y que vuelve a figurar en el tablero electoral del PLD. Con el fallo ya pautado, el foco regresa a la justicia dominicana y a la exigencia de que una causa de esta magnitud se resuelva con claridad y rendición de cuentas ante el país.