Los problemas persistentes de la República Dominicana no se explican únicamente por la conducta social de la clase media, sino también por fallas públicas que ya se han vuelto habituales. El propio diagnóstico arranca de que las culpas de los gobiernos “son muchas” y pinta una realidad en la que, ante servicios que no se resuelven de forma adecuada, amplios sectores optan por salidas privadas para cubrir carencias de agua, electricidad, transporte, educación, salud y seguridad.
Ese patrón ha tenido un impacto político e institucional: al reemplazar con tinacos, cisternas, inversores, plantas, vehículos, colegios privados, clínicas privadas y vigilancia privada lo que debería garantizar el Estado, la clase media termina cargando con el costo de la ineficiencia pública. El resultado, según el texto, es un desperdicio de recursos públicos y privados, además de un mayor costo de vida para hogares que tampoco quedan al margen de los problemas.
La consecuencia es una mezcla de quejas y apatía que debilita la presión social por mejores servicios y reduce la exigencia de rendición de cuentas. Aunque en momentos puntuales han surgido expresiones como el 4% del PIB para la educación y Marcha Verde contra la corrupción, el texto advierte que esos impulsos se disuelven y dejan intacto un esquema donde los gobiernos siguen sin resolver de manera adecuada problemas colectivos mientras la ciudadanía paga más por sobrevivir a esas deficiencias.