En Washington, Javier Milei recibió el premio “Global Champion of Free Enterprise” de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, mientras en Buenos Aires más de medio millón de personas, según las primeras estimaciones, se movilizaban en la Marcha Federal Universitaria desde la Avenida de Mayo hasta el Congreso. Hubo expresiones similares en Córdoba, Rosario, Mendoza y otras grandes ciudades, en una jornada que dejó a la vista el contraste entre el reconocimiento internacional al mandatario y un reclamo interno centrado en la vigencia de una ley ya sancionada.
La protesta fue decidida por unanimidad por las 64 universidades nacionales, junto con los gremios docentes y no docentes, y contó con el respaldo pleno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin embargo, el reclamo trascendió el ámbito académico: se sumaron camioneros y estatales, además de jubilados y organizaciones de personas con discapacidad, que el año pasado habían sido reprimidos cuando reclamaban por recortes en sus prestaciones. Se trató de la quinta movilización masiva con un mismo eje: exigir que el Gobierno aplique la Ley 27.795 de financiamiento universitario, congelada desde hace más de un año.
La escena volvió a exhibir una alerta institucional por la brecha entre las decisiones del poder y sus efectos sociales. La norma, sancionada en agosto de 2025, apuntaba a recuperar al menos una parte del poder adquisitivo perdido por la inflación, pero su falta de aplicación convirtió el conflicto universitario en un frente de fiscalización pública sobre la gestión y sus resultados.