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Senador lleva al Senado propuesta para retirar prisión por difamación y blindar a los medios

junio 11, 2026 · Redactor
Senador lleva al Senado propuesta para retirar prisión por difamación y blindar a los medios
Foto: www.diariolibre.com

Antonio Taveras Guzmán impulsa cambios al nuevo Código Penal que reabren la discusión sobre los límites penales a la crítica pública y el alcance de las sanciones

Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo, presentó este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley para reformar varios artículos del nuevo Código Penal, en una iniciativa que vuelve a colocar bajo la lupa disposiciones que inciden en la libertad de opinión, la crítica y el trabajo de los medios de comunicación.

La propuesta busca modificar el artículo 208 para que la difamación solo castigue la imputación pública de hechos falsos que lesionen el honor o la reputación de una persona. «Proponemos que la sanción penal se limite solamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa y se eliminen conceptos imprecisos», afirmó. En ese apartado, quedarían fuera las penas de prisión y serían sustituidas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.

Taveras también planteó eliminar el artículo 209 sobre difamación extorsiva, al considerar que esa figura ya se mantiene en el artículo 332, y reemplazar el esquema vigente por la figura de difamación agravada. En ese escenario, la pena prevista de cinco a diez años de prisión pasaría a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando la difamación se utilice para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses. La iniciativa además modifica el artículo 210 sobre injuria para reservar la intervención penal a conductas graves y dolosas, elimina las penas de prisión y deja solo multas y reparación civil. Sobre el artículo 212, el legislador sostuvo que debe adecuarse para impedir en cualquier caso el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades o la revocación de sus autorizaciones, un punto que vuelve a colocar al Congreso ante la presión de revisar normas con impacto institucional.