La Operación XL 526 ha puesto bajo la lupa una presunta estructura de ciberextorsión que, según el Ministerio Público, funcionaba desde el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago, y que habría alcanzado a más de 400 ciudadanos estadounidenses. La revisión judicial de las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción quedó pautada para el próximo lunes, en un proceso que vuelve a situar en primer plano la necesidad de vigilancia y de una respuesta efectiva frente a redes criminales con capacidad de operar desde territorio dominicano.
Según la investigación, los miembros de la red colocaban anuncios en portales de citas y encuentros íntimos con supuestos servicios sexuales ofrecidos por mujeres ficticias. Para ocultar a los operadores en República Dominicana, usaban números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, lo que permitía redirigir llamadas y mensajes de WhatsApp hacia los centros de operaciones en Santiago.
Una vez la víctima contactaba el anuncio, los llamados tiradores obtenían datos básicos, fotografías y, en algunos casos, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo. Después, con el número telefónico real del usuario, otros integrantes de la estructura consultaban plataformas de registros públicos de Estados Unidos para identificar familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales y edades. Con esa información, volvían a establecer contacto bajo un guion agresivo, haciéndose pasar por el “encargado o administrador de la chica”, en una mecánica que deja ver el nivel de organización y el costo institucional de permitir que este tipo de operaciones se consoliden antes de llegar a los tribunales.