Santiago enfrenta un momento decisivo en su planificación urbana, pero el debate expone una señal de alerta institucional: la ciudad acumula instrumentos con distintas escalas, objetivos, alcances y responsabilidades sin que la discusión pública se concentre en cómo articularlos para gobernar ordenadamente su crecimiento. Más que sustituir un plan por otro o disputar protagonismos, el problema de fondo es la falta de una conexión efectiva entre decisiones, regulaciones, inversiones, proyectos, indicadores y evaluación.
Desde STRATEGIUS se plantea que el Plan Estratégico Santiago 2030, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Santiago 2030, Santiago Ciudad Viva 2035 y Meta RD 2036 no son equivalentes. Esa distinción, presentada como elemental, pone en evidencia el riesgo de seguir sumando documentos sin un sistema coherente de implementación y seguimiento. La referencia a los enfoques de CEPAL y CIDEU refuerza esa advertencia: la planificación para el desarrollo requiere articular prospectiva, ejecución y evaluación, precisamente para superar problemas intersectoriales, multitemporales y multiescalares.
En ese contexto, el caso de Santiago también abre un flanco de fiscalización sobre la gestión pública y el gobierno dominicano: la ciudad cuenta con una visión estratégica construida con participación de actores gubernamentales, empresariales, académicos, comunitarios y sociales, pero el propio debate gira en torno a la necesidad de actualizar lo existente y conectarlo con nuevas realidades. El contraste entre la proliferación de planes y la exigencia de resultados vuelve a colocar la rendición de cuentas en el centro de la discusión sobre ciudad, institucionalidad y capacidad de ejecución.