Según el Banco Central, República Dominicana terminará 2026 con una factura energética de US$ 5,400 millones, es decir, unos US$ 900 millones por encima de lo que había presupuestado el Gobierno al comienzo del año. El incremento obedece al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que redujo la producción de los principales exportadores del Golfo Pérsico y elevó los precios del crudo. En un país que importa prácticamente el 100% del petróleo que consume, el efecto trasciende los mercados internacionales: se convierte de inmediato en presión fiscal y en un mayor costo de vida.
Ese impacto ya se percibe dentro del país. La gasolina premium sigue en RD$ 323.10 por galón, congelada por el Gobierno en la fijación del 22 de mayo mediante un subsidio de RD$ 1,588.5 millones. A la vez, la inflación interanual alcanzó 5.11% en abril, por encima del límite superior de la meta del Banco Central, mientras que el 62.9% de los dominicanos describe la situación económica como mala o muy mala, según la más reciente encuesta Gallup. El resultado es un escenario en el que contener los precios requiere más gasto público, al tiempo que los hogares continúan sintiendo el deterioro.
El propio análisis oficial del Banco Central, titulado «República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta», plantea un mercado internacional sometido a fuerte tensión por los ataques a infraestructura energética y la interrupción parcial del tránsito por el Estrecho de Ormuz. En ese marco, la nueva presión sobre los combustibles, la inflación y el presupuesto pone bajo escrutinio la capacidad de respuesta del Gobierno frente a una economía altamente dependiente del petróleo importado y con márgenes cada vez más estrechos para absorber el impacto sin trasladarlo a la población.