El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como combatiente de la corrupción y defensor de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de presos de organizaciones criminales y en los castigos extra aplicados ante protestas en las cárceles. Esa narrativa le ha dado prestigio y lo ha convertido en referencia para muchos países.
No obstante, gran parte de sus intervenciones públicas suele girar en torno a su victoria frente al pandillerismo, mientras queda en un segundo plano el avance de las acciones orientadas a conseguir sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A partir de ahí, han empezado a circular reportajes que denuncian que Bukele estaría beneficiando a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Las acusaciones reabren la exigencia de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y colocan bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.