El Gobierno dominicano, junto a varias instituciones, incluida la Superintendencia de Pensiones (Sipen), trabaja en una reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01 en el componente de pensiones. Pero la discusión llega marcada por un antecedente que obliga a mayor fiscalización: el cambio aplicado en 2019 al esquema de ganancias de las AFP, que pasó a una comisión fija de 0.75% sobre todo el patrimonio administrado.
Desde el inicio del ahorro previsional, cada trabajador aporta el 2.87% de su salario y el empleador agrega el 7.10%, para un total de 9.97% que va a una cuenta de capitalización individual gestionada por una AFP. Sin embargo, con el modelo vigente desde 2019, las administradoras reciben una ganancia segura aun cuando el fondo no registre un rendimiento elevado, e incluso si no genera rendimiento alguno, lo que ha sido señalado como un mecanismo que beneficia más a las AFP que a los trabajadores.
En ese contexto, el impulso oficial a una nueva reforma y la promoción pública de su contenido por parte del superintendente de Pensiones reactivan la alerta sobre el destino del ahorro laboral. El debate, más que centrarse en la difusión de la propuesta, vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre un sistema que ya fue modificado en perjuicio de quienes aportan.