Los Ángeles.- A un año de las redadas migratorias desplegadas en el condado de Los Ángeles, el balance que permanece no es solo el de una operación de fuerza, sino el de un costo humano que reavivó la exigencia de control sobre el poder. Los operativos, activados el 6 de junio de 2025 por agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), convirtieron al condado en un laboratorio de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, con un saldo que incluyó la muerte de indocumentados y estadounidenses.
La indignación fue más allá de las protestas de defensores de derechos civiles. En Ambiance Apparel, uno de los primeros objetivos, fueron detenidos más de 40 trabajadores. Uno de ellos, de 33 años, relató a EFE que fue arrestado “sin brindarle derechos” y que no se le respetó el debido proceso. Tardó más de una semana en hablar con un abogado y pasó más de dos meses en la cárcel migratoria de Adelanto, en California, centro que arrastra múltiples denuncias por negligencia.
El caso también dejó en evidencia el impacto prolongado de estas acciones sobre comunidades vulnerables. La campaña Lucha Zapoteca, impulsada por la Warehouse Workers Resourse Center, acompaña a 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía, de los cuales tres ya fueron deportados. Los operativos simultáneos alcanzaron además más de siete lugares, incluida una tienda Home Depot, donde jornaleros que ofrecían su trabajo fueron rodeados y detenidos, reforzando el contraste entre el discurso de control migratorio y las consecuencias denunciadas por los afectados.