A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, un juez de Lima abrió juicio contra Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia, por presuntos delitos de falsedad documental y ocultamiento de aportes financieros de Juntos Por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión judicial irrumpe en el tramo final de la campaña y vuelve a poner bajo escrutinio la transparencia con que las organizaciones políticas reportan el origen y manejo de sus recursos.
La Fiscalía solicita cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez. Según la acusación, el candidato habría presentado información falsa sobre el estado financiero y los movimientos de caja de su partido en informes remitidos a la ONPE en enero y julio de 2019, en los que no se consignaron aportes económicos de origen privado que, de acuerdo con la investigación, sí ingresaron a las arcas de la organización.
El Ministerio Público sostiene que la omisión no fue un error administrativo, sino una acción deliberada para ocultar el verdadero origen y monto de los recursos utilizados en ese periodo. El requerimiento penal, presentado en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, también pide la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer cargos de dirección partidaria, lo que implicaría su salida formal de la presidencia de Juntos Por el Perú. El caso instala una alerta institucional en plena campaña y refuerza la presión por una fiscalización efectiva sobre el financiamiento electoral.