El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 llegó al Congreso vía la Cámara de Diputados con una de sus apuestas más sensibles en seguridad: RD$100,685.2 millones para justicia, orden público y seguridad, equivalentes al 5.2% del gasto total. Dentro de ese monto, el Ministerio de Interior y Policía concentra alrededor de RD$93,204.7 millones, además de los recursos previstos para el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, el sistema penitenciario y otros órganos vinculados a la seguridad y la administración de justicia.
La propuesta oficial sostiene que ese fortalecimiento se vincula con la meta de reducir homicidios y con mejores condiciones para la inversión y la productividad. También plantea una política integral que incluye capacidad policial, inteligencia, prevención, convivencia, oportunidades para jóvenes, control territorial, justicia efectiva y un sistema penitenciario orientado a seguridad y reinserción. Pero el envío del proyecto al Congreso coloca ahora el foco en la fiscalización de esa promesa presupuestaria y en la exigencia de explicaciones sobre cómo se traducirá en resultados verificables para la ciudadanía.
El propio diseño presentado por el Gobierno dominicano admite que la seguridad no depende de una sola institución, sino de una estructura intersectorial que abarca seguridad ciudadana y fronteriza, además del fortalecimiento penitenciario. En ese contexto, el debate legislativo sobre un presupuesto de RD$2.08 billones, frente a ingresos totales estimados en RD$1,620,001.4 millones, queda atravesado por una alerta institucional: más recursos no despejan por sí solos la distancia entre discurso y realidad si no van acompañados de control político, prioridades claras y rendición de cuentas sobre su costo social y su efectividad.