Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se celebra en un clima de fuerte polarización, pero también bajo señales de alerta institucional: las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el lento escrutinio y una década de crisis política han vuelto a colocar en primer plano la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, un dato que resume el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que sigue condicionando la decisión de los votantes.
La contienda vuelve a girar alrededor del eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue ganado por sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también reedita la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una simple disputa electoral, el proceso refleja un país atrapado entre bloques enfrentados mientras persisten cuestionamientos sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para ofrecer certidumbre.
A ese cuadro se suma un electorado marcado por el desencanto y la indecisión, después de años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones derivaron en escrutinios prolongados. La combinación de logística compleja, sistema burocrático de impugnaciones y desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la atención puesta no solo en quién gane, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que deja abierta la primera vuelta.