La Fiscalía General de Nueva York actuó contra Samson Management, LLC después de concluir que la compañía hacía firmar a sus inquilinos cláusulas que les obligaban a renunciar a la posibilidad de impugnar si sus apartamentos estaban cubiertos por las leyes de regulación de alquileres. El caso vuelve a poner el foco en la necesidad de supervisión sobre actores con gran peso en el mercado, después de que la empresa exigiera esos anexos como condición para formalizar los contratos.
La investigación de la Oficina del Fiscal General determinó que más de 400 inquilinos suscribieron esos documentos, entre ellos 416 residentes actuales de la ciudad de Nueva York. Además, los anexos advertían con desalojo a quienes pusieran en duda la condición legal de sus alquileres, una situación que evidencia la distancia entre las obligaciones formales de arrendamiento y la protección real de derechos cuando falta vigilancia institucional.
Con el acuerdo anunciado por Letitia James, Samson Management tendrá que retirar esas cláusulas de todos sus contratos vigentes, notificar a los inquilinos afectados que esas disposiciones carecen de validez y someterse a un programa de supervisión de la Fiscalía para verificar su cumplimiento. También pagará una multa de 2,000 dólares. La pesquisa se había iniciado en junio de 2026, tras una denuncia presentada por un organizador de inquilinos, en una señal de que la presión ciudadana y el control institucional siguen siendo decisivos para corregir abusos que ya habían alcanzado a cientos de residentes.