La República Dominicana vuelve a quedar bajo presión en su comercio con Estados Unidos tras la acusación de que, junto con otras 59 economías, importa productos elaborados con trabajo forzoso, un señalamiento que podría traducirse en una nueva barrera arancelaria de entre 10 y 12.5 % para los exportadores dominicanos. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una política pública de Washington y no de una medida dirigida específicamente contra el país, el caso reabre cuestionamientos sobre la capacidad oficial para blindar la competitividad local ante decisiones externas que ya afectan las exportaciones.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, afirmó que se mantiene el diálogo con las autoridades estadounidenses y que, hasta ahora, no se ha perdido competitividad. También indicó que se están pagando aranceles de 10 %, aunque los productos agrícolas siguen exentos, y aseguró que el sector privado está en coordinación con el Gobierno. Sin embargo, la propia investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que según su titular Jamieson Greer concluiría «en semanas», mantiene abierta la posibilidad de una nueva carga para el comercio dominicano.
El episodio se suma a las tarifas anunciadas en abril de 2025 por el presidente Donald Trump para la mayoría de los países, incluida la República Dominicana, lo que refuerza la presión sobre un sector exportador que sigue expuesto a decisiones de Washington. En ese contexto, la apuesta oficial por el diálogo convive con un escenario de vigilancia obligada sobre los resultados concretos de esa gestión y sus efectos sobre la actividad productiva.