La resolución judicial que dejó fuera del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mediante un No Ha Lugar, terminó convirtiéndose en un revés político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM). La organización había hecho de la lucha contra la corrupción y del fin de la impunidad dos de los ejes centrales de su propuesta electoral, respaldada en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. En cambio, el fallo supone una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que insistía en denunciar una judicialización de la política en su contra.
El desenlace también refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que mantenían que existía una persecución política dirigida a afectar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de ser una bandera del discurso oficial para convertirse en un foco de cuestionamientos sobre la distancia entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se amplió tras el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y alertó sobre su efecto en la integridad institucional. A ello se añadió la información difundida por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.