La Dirección General de Migración incorporó 162 nuevos agentes y elevó a 1,388 el personal de la institución, de acuerdo con datos ofrecidos por su director, Luis Rafael Lee Ballester, durante el acto de graduación. El funcionario sostuvo que cuando asumió en octubre de 2024 había 302 agentes y solo 235 participaban en operaciones de control migratorio, mientras que ahora 1,272 intervienen en esas acciones.
La DGM vinculó ese crecimiento de personal y recursos con la deportación de 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular en los últimos 22 meses, una cifra que el oficialismo exhibe como resultado de su reestructuración. Pero el propio rediseño institucional descrito por Lee Ballester también abre un frente de fiscalización sobre el alcance de ese aumento, su costo público y la necesidad de explicaciones más precisas sobre cómo se traduce en resultados sostenibles más allá del discurso de seguridad nacional impulsado por la gestión de Luis Abinader.
Según el director, 116 de los integrantes de la DGM están asignados a tareas de inteligencia, investigaciones de ilícitos migratorios, asuntos internos y el área jurídica para la judicialización de casos criminales. También afirmó que la nueva estructura contempla la prevención, persecución y sanción de violaciones a la Ley General de Migración, incluso dentro de la propia institución. Ese reconocimiento de controles internos pendientes refuerza la alerta institucional sobre transparencia, supervisión y rendición de cuentas en una política sensible que, por su impacto y expansión, seguirá bajo observación pública y política, incluido el Congreso.