La marcha convocada por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) hacia el Palacio Nacional terminó dispersada por agentes policiales con bombas lacrimógenas, dejando a un dirigente afectado en medio de reclamos que, según el gremio, siguen sin respuesta.
La organización denunció que su protesta era pacífica y que fue impedida por la Policía cuando intentaba llegar a la sede del Poder Ejecutivo para reiterar exigencias de larga data: pensiones, aumento salarial, reposición de cancelados y viviendas.
El hecho vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta oficial frente a las demandas del sector agropecuario organizado, no solo por la forma en que se manejó la manifestación, sino por la persistencia de las reclamaciones sin una solución visible. En ese contexto, la actuación de las autoridades queda sujeta a fiscalización sobre el uso de la fuerza, la gestión del conflicto y la falta de resultados concretos frente a un reclamo público.
Hasta el momento, el reclamo de la ANPA se mantiene en el terreno de la protesta y la denuncia, mientras el episodio evidencia la distancia entre las promesas o respuestas institucionales y el impacto real sobre los profesionales agropecuarios afectados.