La aprobación de la Ley 16-26 reavivó el debate sobre el control de los fondos públicos, tras habilitar una vía para saldar deudas por obras ejecutadas sin contrato, mientras aún no se determina la suma que deberá pagar el Poder Ejecutivo. Durante meses, el Congreso Nacional conoció dos proyectos distintos orientados a autorizar esos pagos a empresarios y constructores.
La propuesta inicial, sometida por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader al detectarse varias inconstitucionalidades. Entre ellas estaban la falta de un monto específico a pagar, la ausencia de una fecha para delimitar los casos beneficiados y la inexistencia de un mecanismo que garantizara la veracidad de lo adeudado. Luego de esas observaciones, la Cámara de Diputados la envió a comisión, aunque después decidió impulsar otra iniciativa.
Esa nueva versión terminó siendo acogida y promulgada por Abinader el pasado 1 de mayo. No obstante, de acuerdo con el propio contenido de la iniciativa, el monto total a desembolsar continúa sin definirse y quedará a cargo de una comisión encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía para validar las reclamaciones y su eventual reconocimiento. El escenario deja abierto un frente de fiscalización sobre el alcance real de la deuda que asumirá el Estado y sobre los controles aplicados a pagos por obras realizadas sin contrato.