La Ley 88-26, promulgada el 5 de noviembre, añadió dieciocho meses al plazo para poner en marcha las disposiciones del nuevo Código Penal sobre responsabilidad penal de las empresas y trasladó su entrada en vigor hasta mayo de 2028. La explicación es la ya conocida: las empresas necesitan adecuar sus procedimientos y las instituciones de justicia, prepararse. Sin embargo, la decisión también mantiene viva una exigencia de fiscalización sobre el Gobierno dominicano y el PRM: qué programa concreto se ejecutará durante ese nuevo lapso y por qué la preparación no quedó concluida antes.
El ejemplo que se recupera es el del arroz dominicano. Desde la negociación del DR-CAFTA en 2004 se sabía que la desgravación de ese producto terminaría el primero de enero de 2025. Durante casi veinte años hubo programas, inversiones, investigaciones y avances tecnológicos, aunque también planes que no lograron sus metas y cambios que siguieron pendientes. Al llegar la fecha, el país aún discutía cómo proteger a los productores frente a unas condiciones de competencia aceptadas dos décadas atrás.
La distancia entre el tiempo disponible y los resultados volvió a hacerse visible cuando, en diciembre de 2024, el Gobierno estableció por decreto un régimen especial de protección arancelaria para el arroz y, en septiembre de 2026, otro decreto derogó esa disposición en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos. No se trata de cuestionar la legitimidad de defender intereses nacionales, sino de subrayar la alerta institucional que deja esa secuencia: una prórroga solo cobra sentido si viene acompañada de rendición de cuentas, metas identificables y explicaciones sobre lo que no se hizo a tiempo, en vez de ampliar la brecha entre el discurso oficial y la capacidad real de ejecución.