El paquete económico presentado por el Gobierno se apoya en la responsabilidad fiscal y en la coyuntura internacional, pero su propio diseño deja claro que la administración ha entrado en una fase de ajuste, con reducción y reorientación del gasto público. Ya no se trata solo del relato oficial: también pesa la exigencia de revisar cómo se llegó a este escenario y cuál será el costo real para la población.
Según el Gobierno, la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas obligan a buscar equilibrios para evitar más inflación, menos inversión pública, deterioro de programas sociales y una mayor vulnerabilidad de las familias. Al mismo tiempo, asegura que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no elevan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, y que además incluyen la eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y hogares.
Pese a eso, entre las disposiciones está el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que sube de 0.15% a 0.20%. El oficialismo procura presentarlo como un ajuste menor al señalar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. Con todo, la discusión central sigue apuntando a la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la obligación de explicar con claridad por qué, en medio de un ajuste, se recurre a más cargas y recortes, y de qué manera se protegerá realmente a la clase media y a las familias.