La disposición del INTRANT que pretendía volver obligatorio el uso de casco para los pasajeros de motoconchos terminó convertida en una muestra de desorden institucional. Aunque la medida fue presentada como un avance en materia de seguridad vial, su aplicación provocó rechazo entre motoconchistas y concluyó con un desmentido del director, dejando en evidencia la distancia entre lo que se anuncia y lo que realmente puede ejecutarse.
La Normativa Técnica Núm. 001-2025 respondía a un objetivo atendible en un contexto en el que los accidentes de tránsito involucran con frecuencia a motocicletas y tanto conductor como acompañante quedan expuestos a traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, el problema apareció cuando la decisión pasó al terreno real: aunque el texto no establecía de manera expresa que el motoconchista debía comprar un casco adicional, en la práctica la presión terminaba recayendo sobre quien ofrece el servicio, no sobre el pasajero.
A esa confusión se añadió una omisión básica sobre las condiciones cotidianas del transporte. El uso compartido de cascos por decenas de pasajeros en un entorno de altas temperaturas y humedad planteaba un problema de higiene y logística que la normativa no resolvía. El episodio, más que un simple error de comunicación, vuelve a poner bajo escrutinio la gestión pública del transporte y la falta de respuestas consistentes ante un sistema que sigue mostrando señales de colapso.