El Ministerio Público pidió prisión preventiva y que el proceso sea declarado de caso complejo contra 12 hombres vinculados, presuntamente, a una estructura dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego, en un expediente que vuelve a situar en primer plano la magnitud del problema y la necesidad de vigilancia institucional. La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y, de acuerdo con el órgano persecutor, se apoya en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales, además de la gravedad de los hechos, la cantidad de imputados y el volumen de evidencias reunidas.
Según la instancia, la red se ocupaba de introducir, transportar, almacenar, distribuir, comercializar y poseer ilegalmente armas de fuego y sus accesorios, que ingresaban de forma clandestina al territorio dominicano para luego ser vendidas de manera ilícita. Los imputados son Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Fernández, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.
El expediente señala que la investigación arrancó a partir del arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez, el 3 de diciembre de 2025, en el sector Miraflores, del Distrito Nacional. De acuerdo con la pesquisa, al momento de su detención le ocuparon cinco armas de fuego tipo pistola, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares. Más allá de su avance judicial, el caso reaviva el debate sobre la efectividad de los controles frente al ingreso clandestino de armas y refuerza la exigencia de rendición de cuentas ante un fenómeno con impacto directo en la seguridad ciudadana.