Este domingo 7 de junio, Keiko Fujimori vuelve a disputar la jefatura del Estado peruano por cuarta vez consecutiva en un escenario que deja ver, otra vez, la vigencia de liderazgos sostenidos más por herencias políticas que por un cierre real de las fracturas institucionales del país. Como ha ocurrido en otros casos de América Latina, repetir candidaturas fallidas no impide una nueva oportunidad; sin embargo, aquí el debate sigue concentrado en el apellido Fujimori.
Desde 2011, la heredera política de Alberto Fujimori ha llegado siempre a la segunda vuelta y ha sido derrotada por estrecho margen. Su permanencia se apoya sobre todo en el reconocimiento popular que todavía conserva la gestión encabezada por su padre entre 1990 y 2000, vinculada con la eliminación de la hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García, la recuperación del crédito internacional y la casi aniquilación del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.
Ese mismo legado, no obstante, también opera como su principal límite político. Para una parte del electorado, Alberto Fujimori sigue asociado a éxitos en seguridad ciudadana y estabilidad económica; para muchos otros, en cambio, permanece ligado a tendencias autoritarias y contrarias al Estado de derecho, que derivaron en múltiples condenas por graves violaciones a los derechos. La cuarta apuesta de Keiko no solo mide, así, su resistencia electoral: también reactiva la exigencia de vigilancia democrática frente a un pasado que Perú no ha terminado de resolver.