El respaldo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a las gestiones del Gobierno ante el señalamiento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no elimina el hecho central: la República Dominicana quedó dentro de una investigación internacional sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro, un escenario que vuelve a exigir vigilancia y explicaciones oficiales.
El gremio empresarial sostuvo que el anuncio del USTR no es una acción exclusiva contra el país, sino parte de un proceso más amplio que abarca a más de 60 naciones, y afirmó que no se trata de una acusación directa contra la República Dominicana. Aun así, el caso mantiene abierto un frente de revisión externa sobre un tema sensible para la imagen institucional y comercial del país.
Conep también valoró que el Gobierno, como interlocutor ante las autoridades estadounidenses, haya mantenido un diálogo activo y continuo en coordinación con los sectores productivos, y reiteró su disposición de colaborar con información y acompañamiento. En su posición, la entidad insistió en que la República Dominicana ha demostrado durante años compromiso con los derechos laborales y con los estándares del comercio internacional, mientras el proceso obliga a mantener seguimiento sobre la respuesta oficial y sus resultados.