El Gobierno propuso fortalecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para frenar abusos en la concesión de exenciones tributarias, en una admisión de que los controles actuales no han funcionado de manera uniforme. La medida, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, forma parte del paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de percibir por estos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos existentes, pero sí procura dar una participación más activa al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz indicó que ya hay disposiciones que facultan a esa cartera a emitir opiniones sobre los incentivos, aunque admitió que esas atribuciones no siempre se han aplicado de manera consistente.
La iniciativa también dispone que toda objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda supeditada a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que la intención es garantizar que los incentivos se otorguen conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y eleven la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a colocar bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.