La Paz, Bolivia.- En medio de una crisis que ya supera los 40 días de bloqueos y protestas, el Gobierno de Bolivia optó por ampliar su margen de acción con una nueva ley que refuerza las facultades del Estado para decretar estados de excepción y permite el despliegue militar en escenarios de crisis vinculados a las movilizaciones.
El giro fue defendido por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien afirmó que las Fuerzas Armadas actuarán de forma «disciplinada, serena y patriótica» en defensa del orden constitucional. Durante un acto oficial en el que recibió una condecoración al mérito militar, el funcionario sostuvo además que la respuesta se mantendrá dentro del marco institucional y democrático.
Sin embargo, el endurecimiento de la respuesta oficial coincide con un escenario de creciente tensión política y social contra el presidente Rodrigo Paz. Justiniano aseguró que detrás de las protestas existirían intereses externos, financiamiento irregular y estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, aunque no presentó evidencias públicas durante su intervención. Ese contraste coloca bajo mayor vigilancia la decisión del Gobierno de recurrir a herramientas excepcionales y al componente militar mientras continúan las protestas, los bloqueos y los enfrentamientos en distintas regiones del país.
