El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) firmó un acuerdo con Uber Eats para dar mayor visibilidad a las mipymes dominicanas dentro de la plataforma, en lo que calificó como su primer convenio con el sector público en el Caribe.
La iniciativa se presenta como una vía para ampliar el alcance digital de pequeños negocios y facilitar que sus productos lleguen a más consumidores. Sin embargo, al tratarse de un anuncio del Gobierno, la evaluación pública no debe quedarse en la promoción: la pregunta central es qué resultados concretos generará, cómo se medirá su impacto y cuáles serán sus costos, condiciones y mecanismos de seguimiento.
Hasta ahora, la pieza difundida enfatiza el componente de visibilidad y el potencial de crecimiento para las mipymes, pero no detalla elementos clave para una fiscalización mínima: el alcance estimado del acuerdo, las metas verificables, las obligaciones de cada parte ni la forma en que el Estado reportará si la medida efectivamente mejora ventas, acceso a mercado o competitividad.
En un contexto en el que el oficialismo suele presentar como avance cada nuevo anuncio de apoyo a sectores productivos, la utilidad real del acuerdo dependerá de su capacidad para traducirse en resultados y no solo en exposición pública. Para las mipymes, lo importante no es el acto de firma, sino si el convenio abre más oportunidades de negocio sin trasladarles cargas desproporcionadas ni depender de una estrategia meramente promocional.
El Gobierno queda así bajo la obligación de explicar qué entregará exactamente este acuerdo, cuánto costará implementarlo, qué indicadores usará para evaluar su impacto y cuándo esos datos estarán disponibles para el público. Sin esa información, la apuesta por Uber Eats seguirá siendo más un anuncio de visibilidad que una política comprobable de apoyo al tejido empresarial.