La actuación de la Digesett en la calle Canela Mota, en Baní, acabó convirtiéndose en un nuevo motivo de cuestionamientos a la gestión pública local, después de que la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, desautorizara el operativo y ordenara retirar a los agentes. La medida de tránsito se había ejecutado para recuperar un tramo ocupado por una hilera de motoconchistas y, según el texto original, obtuvo respaldo inmediato de ciudadanos que reclamaban más orden, seguridad y fluidez.
El punto de mayor tensión está en el tramo entre la Presidente Billini y la calle Sánchez, donde se encuentra el Parque Infantil Encarnación Echavarría, conocido como “La Avenida”. Allí, la ocupación del espacio público por motoconchistas dificulta el estacionamiento de quienes acuden a centros médicos, oficinas públicas y plazas comerciales, además de entorpecer el tránsito vehicular y peatonal. Pese a las denuncias de munícipes y al desalojo realizado por la Digesett, los transportistas informales acudieron a la Gobernación Provincial y, tras ese encuentro, la gobernadora dispuso que se dejara “tranquilos” a los motoristas.
La decisión echó para atrás una acción que había sido presentada como respuesta al clamor ciudadano y dejó al descubierto un choque institucional entre la autoridad de tránsito y la Gobernación. El desenlace, de acuerdo con el propio curso de los hechos, fue el regreso del caos vehicular, el daño a comercios locales y una señal de debilidad en la aplicación de normas sobre el uso de la vía pública.