La experiencia de Gallup en procesos electorales vuelve a colocar sobre la mesa un problema de fondo: la presión que acompaña a las mediciones cuando sus resultados molestan a sectores políticos y de poder. La pieza repasa años de “traición, maltrato y difamación” contra la firma desde 1990 y señala que esos episodios reaparecen en cada campaña, en un ambiente donde la descalificación termina desplazando el debate sobre los datos.
El autor plantea que, desde 1996, las diferencias netas de Gallup frente a las juntas electorales han rondado el 1%, aunque también recuerda que las encuestas no son predictivas ni infalibles. Pese a eso, denuncia ataques de “sicarios radiofónicos de gobiernos y partidos”, como muestra de cómo el clima electoral puede deteriorarse cuando se intenta desacreditar información adversa en lugar de someterla al contraste público.
Como ejemplo, recupera uno de los momentos más tensos: una encuesta de 1994 encargada por un grupo allegado a la PUCMM que arrojó un virtual empate entre Peña Gómez, con 37.8, y Balaguer, con 38%. Más que una anécdota, el episodio aparece como una advertencia institucional: cuando los números resultan incómodos, la reacción de actores vinculados al poder puede convertirse en un factor de presión que obliga a reforzar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza del debate electoral.