La circulación en redes sociales de un video en el que se observa la agresión a un ciudadano en la marginal de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, motivó a EDEEste a separar de las labores vinculadas a la distribuidora a dos técnicos de la empresa contratista ATAL CARIBE. Los involucrados fueron identificados como Adalberto Acosta y Jorge Alberto Herrera.
La empresa aclaró que ambos no formaban parte de su nómina, sino de una brigada contratista. Aun así, el episodio abrió un nuevo foco de fiscalización sobre los controles aplicados al personal que actúa en nombre de una institución responsable de un servicio público esencial. Tras conocer lo ocurrido, EDEEste notificó formalmente a la contratista y pidió el retiro inmediato de los dos técnicos, además de su exclusión de futuras asignaciones para la institución.
La distribuidora afirmó que rechaza la violencia, la intimidación y cualquier conducta que afecte la integridad de los ciudadanos, y reiteró que las empresas contratadas deben asegurar profesionalismo, respeto y apego a las normas. Más allá de esa respuesta, el caso deja expuesto el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido en la calle, en un contexto en que la sociedad civil mantiene la atención sobre la calidad del trato al ciudadano y la rendición de cuentas en la gestión de servicios públicos.