Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido al activista colombiano Beto Coral y avanzan en su deportación aunque su solicitud de asilo sigue pendiente, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la actuación de las agencias federales frente a personas que alegan persecución política. Según EFE, Coral tenía un permiso de trabajo vigente al momento de su detención y tramitaba protección por amenazas de muerte recibidas en Colombia, de acuerdo con Gimena Sánchez, directora para los Andes de WOLA, organización que ha acompañado el caso desde 2020.
Consultado por EFE, el Departamento de Seguridad Nacional lo definió como un «extranjero ilegal» y sostuvo que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país tras el vencimiento de su visa. El organismo indicó además que Coral seguirá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación. Sin embargo, el caso deja abierto el contraste entre esa posición oficial y el hecho de que el activista tenía una petición de asilo en curso y autorización laboral vigente cuando fue arrestado en Arizona.
En un audio difundido por legisladores colombianos, Coral afirmó que los agentes que lo detuvieron le dijeron que la orden provenía, «supuestamente», del secretario de Estado, Marco Rubio, una denuncia sobre la que el Departamento de Estado no respondió a EFE. WOLA advirtió que, si es enviado de regreso a Colombia, su vida podría correr peligro por las amenazas e intimidaciones que ha denunciado, lo que añade presión sobre las autoridades para rendir cuentas sobre un procedimiento que ya genera alerta en materia de derechos y garantías.