La decisión de enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz quedó nuevamente bajo la lupa después de que su defensa asegurara que la acusación se ha sostenido más en una narrativa elaborada durante años que en las pruebas depositadas en el expediente tras casi seis años de investigación y proceso judicial. Los abogados también criticaron que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud de extinción de la acción penal, pese a que, según afirman, la propia decisión no le atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes una sola actuación dilatoria durante el juicio preliminar.
En un comunicado, Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez objetaron además uno de los ejes centrales de la acusación: el supuesto fraude relacionado con RD$ 21 mil millones. La defensa recordó que durante la fase preliminar se incorporaron certificaciones oficiales que, según expone, confirman que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Añadió que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme a su Informe Anual 2020.
Los abogados sostienen igualmente que las pruebas discutidas en la audiencia preliminar demostraron que los pagos por expropiaciones se realizaron dentro del marco legal, con respaldo de sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. En esa misma línea, indicaron que la propia jueza ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, lo que, a juicio de la defensa, reconoce la existencia de esas obligaciones y vuelve a poner el foco en la necesidad de mayor rigor institucional y rendición de cuentas en procesos judiciales de alto impacto público.