Tras más de tres años de proceso judicial, la resolución dictada el 29 de mayo de 2026 por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó un doble resultado en el caso de presunta corrupción administrativa contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina: Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron fuera del proceso penal. La jueza Altagracia Ramírez de La Cruz dictó auto de no ha lugar a favor de ambos al concluir que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para sostener las imputaciones.
Amparado en el artículo 309, numeral 5, del Código Procesal Penal, el fallo también ordena el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre Castillo y Peralta, junto con el levantamiento de oposiciones e inmovilizaciones sobre sus bienes. En el caso de Peralta, quedaron sin efecto la garantía económica de RD$ 4.5 millones, el impedimento de salida y la presentación periódica; en el de Castillo, la garantía económica de RD$ 20 millones y el impedimento de salida del país.
Aunque el expediente no fue desestimado por completo, la salida de dos de sus principales imputados en la fase preliminar plantea un contraste entre la amplitud del caso presentado y la capacidad de sostener parte de la acusación ante el tribunal. La decisión mantiene en pie el juicio contra Guerrero y otros 22 imputados físicos, además de varias empresas, pero también refuerza la exigencia de vigilancia sobre el manejo de procesos de alto impacto público y sobre los resultados concretos de las investigaciones tras años de trámite judicial.