SANTO DOMINGO. – Una iniciativa sometida por el senador Antonio Taveras Guzmán volvió a colocar bajo escrutinio disposiciones penales que, según la propuesta, son ambiguas o desproporcionadas y pueden limitar el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto introduce cambios a varios artículos de la Ley 74-25 con el propósito de reforzar garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación de sanciones excesivas y ajustar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
Entre las reformas sugeridas, el artículo 208 sobre difamación quedaría restringido a la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. La propuesta suprime la prisión para ese delito y la sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de reparación civil. En cuanto al artículo 209, que define la llamada difamación extorsiva, la iniciativa la convierte en una modalidad agravada y reduce la pena vigente de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o obligar a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La modificación también incluye el artículo 210 sobre injuria, para dejar la intervención penal solo en conductas graves y dolosas, eliminando las penas de prisión y manteniendo multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Así, el debate se orienta hacia la necesidad de revisar normas que inciden en la relación entre poder, ciudadanía y medios, en un escenario en el que el Congreso queda presionado a rendir cuentas sobre si conserva mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con posible efecto inhibidor sobre la crítica pública.