La acción de desalojo realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la franja costera de Pedernales, quedó en entredicho luego de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, asegurara que se llevó a cabo en violación de una sentencia judicial que, según indicó, suspendía la ejecución dispuesta mediante la Resolución No. 009-2026. Su denuncia pone sobre la mesa la necesidad de aclaraciones oficiales acerca del respeto a las decisiones de los tribunales y de la coherencia de la actuación administrativa.
En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón admitió que el negocio estaba ubicado dentro de la franja protegida de 60 metros a partir de la pleamar, pero afirmó que su presencia en el lugar había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente bajo excepciones previstas en la legislación ambiental. Entre esos permisos mencionó la Autorización No. VCMYM-511-2021, fechada el 14 de mayo de 2021, emitida luego de inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, además de otras aprobaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario también sostuvo que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, dictada el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, disponía suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo presentado contra la resolución de Medio Ambiente. A ello sumó su afirmación de que no fue notificado previamente del reciente retiro, lo que acentúa el contraste entre la medida ejecutada y el proceso legal que, según su versión, permanecía abierto.