Los ecosistemas marinos y costeros de República Dominicana generan alrededor de US$1,792 millones al año, según la evaluación presentada por el Ministerio de Medio Ambiente. El dato confirma el valor económico de costas, manglares y arrecifes, pero también deja en evidencia la magnitud del deterioro que enfrenta ese patrimonio natural.
La propia evaluación reconoce pérdida de manglares, daño en arrecifes y erosión de cerca del 70% de las playas, un escenario que convierte la conservación en un asunto de interés público y de política estatal, no solo ambiental. En ese contexto, cualquier anuncio o diagnóstico oficial sobre estas zonas debe traducirse en medidas verificables, seguimiento técnico y transparencia sobre resultados.
El informe, al poner cifras sobre el aporte económico de estos ecosistemas, también abre la puerta a una fiscalización más estricta sobre qué está haciendo el Estado para protegerlos. Si las costas y los manglares sostienen actividad económica y servicios ambientales de alto valor, la pregunta de fondo es cuánto cuesta su degradación, qué acciones concretas se están ejecutando y cómo se medirá su impacto.
La advertencia llega en un momento en que la erosión, la pérdida de cobertura vegetal y el deterioro de hábitats marinos ya afectan zonas sensibles del país. Por eso, la evaluación no puede quedarse en una constatación técnica: debe servir de base para políticas públicas con metas claras, plazos, inversión identificable y rendición de cuentas.
Medio Ambiente presentó el diagnóstico como una referencia sobre el aporte de estos ecosistemas y los riesgos que enfrentan. A partir de ahí, el desafío del Gobierno es pasar del reconocimiento del problema a resultados verificables en protección, recuperación y control del daño ambiental.