SAN JOSÉ. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó que presentará un proyecto de ley para permitir la grabación en audio y video de las visitas a presos en cárceles de máxima seguridad, una medida que el propio Gobierno asocia con la necesidad de impedir la coordinación de actividades criminales desde dentro del sistema penitenciario.
Con ese anuncio, el Ejecutivo puso sobre la mesa una debilidad que, según la mandataria, ha permitido que reclusos sigan transmitiendo mensajes mediante visitantes, entre ellos familiares y abogados, debido a que la normativa actual no habilita ese tipo de controles. Después de reunirse con altos mandos policiales, Fernández afirmó que no se puede permitir que delincuentes de alto calibre operen desde prisión, al tiempo que el Gobierno asegura haber detectado unas 260 estructuras criminales activas en el país, integradas por miles de miembros, y reclamó una mayor acción del Organismo de Investigación Judicial.
Además, la presidenta presentó como parte de su estrategia el avance de una nueva megacárcel de alta seguridad con capacidad para más de 5.000 internos y anunció que su administración evalúa controles internos adicionales en las fuerzas policiales, incluidas pruebas de polígrafo para mandos de seguridad. Las medidas fueron expuestas en un escenario marcado por el aumento de los homicidios y por el reconocimiento oficial de que el crimen organizado mantiene capacidad de operación, incluso desde los centros penitenciarios.