La actividad de la construcción en el Gran Santo Domingo muestra un crecimiento sostenido, pero con una participación estatal reducida y una alta proporción de obras paralizadas, según un informe citado en la pieza original.
El documento sitúa la inversión pública en apenas 1.3 % de las obras, lo que confirma que el impulso del sector recae casi por completo en el capital privado. Ese dato obliga a mirar no solo el dinamismo del mercado, sino también la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y dar seguimiento a proyectos de infraestructura con impacto real en la ciudad.
La baja presencia estatal en un sector clave plantea preguntas sobre transparencia, eficiencia y resultados: cuántas obras están efectivamente en ejecución, cuáles permanecen detenidas y qué explica la alta paralización reportada. En un contexto de demanda urbana creciente, la fiscalización de la obra pública se vuelve central para evaluar si los anuncios y programas se traducen en infraestructuras terminadas y útiles para la población.
El mismo informe agrega que la mano de obra haitiana supera a la dominicana, un dato que refleja la estructura laboral de la construcción y la dependencia del sector de trabajadores extranjeros. Ese elemento, junto con la escasa inversión pública, dibuja un panorama en el que el crecimiento convive con fragilidades de fondo.
Más allá de las cifras, el cuadro descrito exige seguimiento institucional: conocer el costo real de las obras, sus niveles de avance, los mecanismos de supervisión y las razones de las paralizaciones. Sin ese escrutinio, el crecimiento del sector puede quedar limitado a estadísticas de actividad, sin traducirse necesariamente en beneficios sostenibles para la ciudadanía.