El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a una enmienda bipartidista que veta a las agencias federales comprar datos personales de ciudadanos y viajeros, una práctica que se canalizaba mediante una laguna legal y que, de acuerdo con sus impulsores, servía para sortear las protecciones de la Cuarta Enmienda. La iniciativa cuenta con el respaldo del congresista Adriano Espaillat, la congresista Zoe Lofgren y el senador Ron Wyden.
La disposición prohíbe destinar fondos de los contribuyentes a la adquisición de registros de localización, navegación o comunicación, y afecta directamente al FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. y la ATF. Con este avance legislativo se pone el foco en una falla institucional que durante años permitió a intermediarios de datos vender información sensible al gobierno federal sin supervisión judicial.
Quienes impulsan la propuesta, surgida del proyecto «La Cuarta Enmienda No Está en Venta», afirmaron que ese acceso sin límites facilitaba perfiles selectivos y señalaron que esos métodos fueron utilizados por la Administración Trump para rastrear y perseguir a comunidades de inmigrantes y opositores políticos. Luego de la aprobación en comisión, los legisladores buscarán que estas salvaguardas también sean adoptadas por el pleno del Congreso.