La decisión de incluir a la República Dominicana en una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro volvió a situar bajo examen la respuesta oficial en materia de prevención del trabajo forzoso. Aunque el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó su respaldo a las gestiones del Gobierno, el proceso reaviva la necesidad de seguimiento institucional ante un señalamiento que alcanza al país.
El gremio empresarial afirmó que el anuncio de la USTR no constituye una medida exclusiva contra la República Dominicana, sino que forma parte de una pesquisa más amplia que involucra a más de 60 países, y sostuvo que no se trata de una acusación directa. Aun así, la reacción del CONEP llega después de que la USTR incluyera al país y a varias naciones de América Latina en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en un informe que apunta supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso.
CONEP señaló que el Gobierno ha sostenido un diálogo activo y constante con las autoridades estadounidenses, en coordinación con los sectores productivos, y reiteró su disposición a colaborar con información e iniciativas. También defendió que la República Dominicana ha mostrado durante años compromiso con los derechos laborales y con los estándares del comercio internacional. No obstante, la apertura de la investigación mantiene sobre la mesa el contraste entre esa defensa y las inquietudes planteadas desde Estados Unidos, en un escenario que obliga a rendición de cuentas y seguimiento a los resultados de la gestión oficial.