Los asesinatos de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han vuelto a colocar en el centro del debate las fallas de la respuesta estatal frente a la violencia de género y la protección de las mujeres en situaciones de riesgo.
La preocupación pública no se limita al hecho criminal. También alcanza a las instituciones y protocolos llamados a prevenir, contener y responder a estos casos, en un contexto en el que persisten cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de resguardo y sobre la capacidad de los espacios diseñados para proteger a las víctimas.
Las críticas se han intensificado porque estos hechos ocurren mientras continúan las exigencias de revisar procedimientos, fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de seguimiento que permitan saber qué está fallando y dónde.
El caso reabre además la discusión sobre la rendición de cuentas: qué acciones se activaron, cómo se supervisan, qué resultados están dando y qué impacto real tienen en la protección de las mujeres que acuden o son remitidas a instancias de atención.
En ese marco, la demanda pública es clara: más allá de los anuncios o los protocolos en papel, se requieren respuestas verificables, transparencia sobre las medidas aplicadas y una evaluación seria de las debilidades que siguen dejando expuestas a las víctimas.