La investigación del caso Senasa 2.0-A sumó un nuevo frente de escrutinio con la ocupación de 12 vehículos, armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, documentos y más de RD$400 mil en efectivo, según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público contra 25 personas. El inventario oficial, lejos de cerrar el episodio en el plano judicial, refuerza la dimensión institucional del caso y la exigencia de respuestas verificables sobre cómo operó la estructura señalada por el órgano acusador.
Entre los bienes ocupados figuran una Toyota Fortuner SRV 4WD 2017, una Mercedes Benz GLC 300 4WD 2020, una Kia Sportage LX 4X4 2013, una Chevrolet Equinox LTZ 2016, un Honda Civic EX 2020, una Kia Sportage Luxury 2023, un Nissan 2022, una Toyota 4Runner Limited 2015, una Honda CR-V EX-L 4X2 2020, dos vehículos Ford y un Volkswagen ID 4 Crozz Pure RWD 2023. También fueron ocupadas dos armas de fuego: una pistola Glock 17 Gen5 calibre 9×19 y una pistola semiautomática SIG Sauer P250 con 16 proyectiles calibre 9 milímetros. A José Luis Díaz Hernández, además, le fueron ocupados una cédula de identidad y un carnet de la Armada de República Dominicana.
El detalle de los allanamientos del pasado viernes instala un contraste inevitable entre el discurso de control y la magnitud de los bienes ahora bajo custodia oficial. En ese contexto, la lectura política se desplaza hacia la fiscalización del poder y la necesidad de vigilancia sostenida sobre las instituciones, un terreno en el que figuras de oposición como Carolina Mejía han insistido en la rendición de cuentas como prioridad ciudadana frente al uso de recursos y al costo social que dejan los fallos de supervisión pública.