Santo Domingo, R.D. — La denuncia de la firma Félix Portes & Asociados sobre el caso de Yanger Bello Bautista reabre el debate sobre el control del poder punitivo del Estado y la obligación de los tribunales de responder sin dilaciones cuando está en juego la libertad de una persona. La defensa sostiene que el ciudadano lleva más de dos años privado de libertad en el proceso núm. 585-1-2024-EPEN-0006, conocido ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Azua, mientras el Ministerio Público mantiene una acusación que, según sus abogados, ya ha sido desestimada en tres ocasiones anteriores.
El señalamiento más delicado, de acuerdo con los representantes legales, ocurrió en la audiencia del 25 de mayo de 2026, convocada para conocer la solicitud de cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo máximo establecido en el artículo 148 del CPP. En vez de decidir sobre ese pedimento, el tribunal presidido por el magistrado Camilo Segura Peña suspendió el conocimiento y lo fijó para el 10 de junio de 2026, la misma fecha del juicio de fondo. Para la defensa, esa decisión vacía de contenido la revisión de la medida y agrava las dudas sobre la tutela judicial efectiva en un proceso que ya arrastra más de dos años de privación de libertad.
A partir de esa actuación, la defensa interpuso una recusación formal contra Camilo Segura Peña, apoyada en los numerales 7 y 10 del artículo 80 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 97-25, así como en el artículo 22 del CPP sobre separación de funciones. El incidente fue remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en un caso que ahora trasciende la discusión penal de fondo y coloca bajo vigilancia el desempeño institucional de los actores llamados a garantizar imparcialidad y respeto al debido proceso.