La decisión judicial que impuso tres meses de prisión preventiva a Juan Francisco Morel Díaz (“Arismendy”) y Wilson Manuel Abreu Disla (“Wilson”) volvió a poner el foco sobre la magnitud de una red de tráfico de armas que, según el expediente, operaba con múltiples ramificaciones en República Dominicana. La jueza Fátima Veloz también declaró el proceso complejo, una calificación que subraya el alcance del caso y la cantidad de personas involucradas. Ambos imputados cumplirán la medida en la cárcel pública Juana Núñez, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
La investigación tomó forma el 3 de diciembre de 2025, tras el arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez en el sector Miraflores del Distrito Nacional, donde la Policía ocupó cinco pistolas y ocho cargadores. A partir de llamadas y transacciones, las autoridades siguieron la pista hasta ubicar al resto de la estructura el 29 de mayo, en un operativo desplegado en varias provincias del Cibao y la capital.
El Ministerio Público movilizó a 13 fiscales en 14 allanamientos simultáneos en Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte y el Distrito Nacional. Aunque la fiscalía pidió prisión para todo el grupo, el tribunal impuso garantías económicas por RD$2,300,000 a otros siete imputados. Entre ellas figuran RD$1,000,000 para José Luis Vignieri y su hijo Brian; RD$400,000 para Pablo Sánchez Arnau; RD$250,000 para Henry M. Paulino Marmolejos; y RD$200,000 para Joel Rafael González. El caso, por su extensión territorial y número de involucrados, deja abierta la exigencia de seguimiento institucional sobre cómo operó una estructura de este tipo antes de llegar a los tribunales.