SANTO DOMINGO.– La discusión en torno al nuevo Código Penal volvió a generar advertencias institucionales, luego de que el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtiera que la redacción vigente del artículo 209, relativo a la llamada “difamación extorsiva”, contiene riesgos constitucionales y podría convertirse en un mecanismo contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Al analizar esa disposición, Castaños Guzmán sostuvo que, aunque la intención es responder al uso de medios de comunicación y plataformas digitales para ejercer chantaje o presión sobre terceros, la fórmula adoptada no integra los contrapesos necesarios para evitar abusos. Precisó que la figura penal procura sancionar la amenaza de divulgar informaciones que afecten la reputación de otra persona con el fin de obtener beneficios económicos o de otra índole, pero advirtió que la norma deja fuera aspectos esenciales como la veracidad de la información y el interés público de los hechos divulgados.
“El legislador ha identificado correctamente el problema del chantaje mediático, pero la solución punitiva propuesta no establece salvaguardas suficientes para diferenciar una conducta extorsiva de una denuncia legítima o de una investigación periodística realizada en beneficio del interés público”, indicó. A su entender, la ausencia de una cláusula que excluya responsabilidad penal cuando la divulgación persiga fines legítimos de denuncia abre espacio a interpretaciones amplias, con el riesgo de criminalizar tareas propias del periodismo y de la fiscalización ciudadana. También cuestionó la amplitud de la expresión “beneficio de cualquier naturaleza”, al considerar que puede ampliar ese margen de discrecionalidad.